La justicia venezolana decidió este jueves enjuiciar por incitar a la violencia al opositor Leopoldo López, quien se considera un “preso de conciencia” desde que fue detenido hace tres meses, y quien podría ser sentenciado a 10 años de prisión.
“Se ordenó el pase a juicio de Leopoldo Eduardo López Mendoza por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año, en el centro de Caracas”, detalló un comunicado del Ministerio Público tras conocerse la decisión durante la madrugada.
La Fiscalía acusa a López, detenido desde el pasado 18 de febrero, de ser “determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa”, añadió el documento que detalla que se mantuvo la privación de libertad.
“Las pruebas de la defensa fueron silenciadas y fueron negadas, de manera que vamos a ir a un juicio completamente amarrados, completamente silentes en cuanto a la capacidad de probar” su inocencia, denunció en declaraciones radiales el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez.
“Pese a la razón, la Constitución, la multiplicidad de argumentos, se impusieron respuestas que van más allá de la ley y eso ha traído como consecuencia que Leopoldo López deba permanecer privado de libertad”, agregó Gutiérrez, quien estimó que el juicio podría desarrollarse en agosto.
De ser hallado culpable, el político podría ser condenado a 10 años de prisión, según las leyes venezolanas.
La decisión se conoció tras una maratónica jornada de deliberaciones iniciada la mañana del miércoles en el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas y donde el pasado lunes inició la audiencia preliminar contra López y cuatro estudiantes, que también serán enjuiciados.
El opositor, economista de 43 años egresado de Harvard y líder de Voluntad Popular, partido radical de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), es el principal promotor de la estrategia denominada ‘La Salida’, que busca a mediante manifestaciones la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que denunció esta movilización como “golpe de estado en desarrollo”.
