En el Perú ser un luchador social en defensa del medio ambiente y los recursos naturales es considerado por el Estado y los empresarios, un “terrorista” que pone en riesgo la gobernabilidad y las ganancias de las empresas extranjeras.
Tenemos una democracia que en realidad es una dictadura de los más fuertes económicamente. Los Gobiernos de turno y sus autoridades en su mayoría solo han sido empleados de los empresarios y financistas que de manera irracional han destruido territorios y contaminado ríos, lagunas y fuentes de agua dulce; poniendo en grave peligro la vida de millones de peruanos.
Ante un clima adverso propiciado por el mismo Estado y las empresas extranjeras que invaden y destruyen el medio ambiente en los territorios de las comunidades campesinas y nativas, son miles de ciudadanos que se movilizan para ser escuchado por un Gobierno secuestrado por el gran capital foráneo, estas corporaciones extractivistas no dialogan con las comunidades, solo saben pedir mediante los medios de prensa que el Estado envié tropas de la policía y del ejército para que aplaste a sangre y fuego la protesta pacífica de los pueblos.
Ante un clima adverso propiciado por el mismo Estado y las empresas extranjeras que invaden y destruyen el medio ambiente en los territorios de las comunidades campesinas y nativas, son miles de ciudadanos que se movilizan para ser escuchado por un Gobierno secuestrado por el gran capital foráneo, estas corporaciones extractivistas no dialogan con las comunidades, solo saben pedir mediante los medios de prensa que el Estado envié tropas de la policía y del ejército para que aplaste a sangre y fuego la protesta pacífica de los pueblos.
Son miles de muertos y heridos que ha producido la represión y la brutalidad de la policía y el ejército, que en nombre de la democracia, la gobernabilidad y la inversión privada, han dejado a su paso huérfanos, viudas, padres abandonados, y sobre todo heridas abiertas en pueblos enteros que hasta hoy claman por justicia y reparación.
El Estado peruano a lo largo de la historia ha sido el principal “terrorista” que ha violado los derechos humanos. En las matanzas donde ha participado siempre ha empleado la potencia de fuego de la policía y del ejército. Su principal enemigo a destruir y asesinar han sido los campesino y nativos, los estudiantes, los niños y adolescentes, el comerciante, los ciudadanos de a pie, los intelectuales, los dirigentes sociales y sindicales, y todos aquellos que una vez levantaron sus voces de protesta contra las injusticias y los abusos permitidos por los Gobiernos autoritarios en nuestro país.
Al inversionista extranjero que ha solicitado concesiones al Estado en territorios donde viven pueblos enteros, no les interesa su historia, su cultura y sus costumbres ancestrales; a estos “demonios” como lo llaman los campesinos, solo les interesa extraer y llevarse, así contaminen el medio ambiente; el oro, la plata, el cobre, el petróleo, y el gas.
Frente a un Estado violador de los derechos humanos y su política de seguir criminalizando la protesta social con normas y leyes que salen del Congreso y de Palacio de Gobierno; al pueblo peruano solo le queda recurrir a los organismos internacionales para que los auxilie, los escuche y les otorgue medidas cautelares como en el caso de los 46 líderes ronderos en Cajamarca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Gobierno de Ollanta Humala les brinde garantías y protección contra los abusos del mismo Estado que él dirige.
Si la policía y el ejército son instrumentos de represión y muerte en los conflictos sociales (medio ambiental), el Poder Judicial y el Ministerio Publico son dos instituciones que muchas veces persiguen y encarcelan a los líderes sociales que se enfrentan a los abusos y crímenes del Estado peruano.
Son miles los dirigentes y ciudadanos que por ejercer su derecho a la huelga y a la protesta pacífica son procesados por el Poder Judicial; aquel Poder Judicial que se queda paralizado frente a los corruptos que le robaron a los peruanos en el Gobierno central, a los asesinos que dieron las órdenes para que disparen contra ciudadanos indefensos.
Para que quede claro que la protesta pacífica es un derecho ciudadano, damos a conocer un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), sobre manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión: “los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos.
En resumen tenemos un estado que viola constantemente los derechos humanos en nuestro país. Un Estado que asesina en nombre de la democracia, la libertad y la justicia social. Un Estado que no respeta la autodeterminación de los pueblos a llevar una vida digna y en paz. Un Estado que no protege el medio ambiente como reserva natural para las futuras generaciones.
Para salir de este oscuro panorama que nos han llevado los empresarios y sus empleados en los Gobiernos de turno, es necesario que el pueblo tome conciencia y participe en la vida política nacional, que permita que los dirigentes y ciudadanos honestos y patriotas, lleguen a cargos públicos para que desde allí cambien el andamiaje jurídico de este Estado que solo sirve a los intereses de los grandes capitalistas que junto a los Gobiernos autoritarios son responsables de los asesinatos de miles de peruanos, cuyas muertes han quedado en la impunidad.
El Estado peruano a lo largo de la historia ha sido el principal “terrorista” que ha violado los derechos humanos. En las matanzas donde ha participado siempre ha empleado la potencia de fuego de la policía y del ejército. Su principal enemigo a destruir y asesinar han sido los campesino y nativos, los estudiantes, los niños y adolescentes, el comerciante, los ciudadanos de a pie, los intelectuales, los dirigentes sociales y sindicales, y todos aquellos que una vez levantaron sus voces de protesta contra las injusticias y los abusos permitidos por los Gobiernos autoritarios en nuestro país.
Al inversionista extranjero que ha solicitado concesiones al Estado en territorios donde viven pueblos enteros, no les interesa su historia, su cultura y sus costumbres ancestrales; a estos “demonios” como lo llaman los campesinos, solo les interesa extraer y llevarse, así contaminen el medio ambiente; el oro, la plata, el cobre, el petróleo, y el gas.
Frente a un Estado violador de los derechos humanos y su política de seguir criminalizando la protesta social con normas y leyes que salen del Congreso y de Palacio de Gobierno; al pueblo peruano solo le queda recurrir a los organismos internacionales para que los auxilie, los escuche y les otorgue medidas cautelares como en el caso de los 46 líderes ronderos en Cajamarca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Gobierno de Ollanta Humala les brinde garantías y protección contra los abusos del mismo Estado que él dirige.
Si la policía y el ejército son instrumentos de represión y muerte en los conflictos sociales (medio ambiental), el Poder Judicial y el Ministerio Publico son dos instituciones que muchas veces persiguen y encarcelan a los líderes sociales que se enfrentan a los abusos y crímenes del Estado peruano.
Son miles los dirigentes y ciudadanos que por ejercer su derecho a la huelga y a la protesta pacífica son procesados por el Poder Judicial; aquel Poder Judicial que se queda paralizado frente a los corruptos que le robaron a los peruanos en el Gobierno central, a los asesinos que dieron las órdenes para que disparen contra ciudadanos indefensos.
Para que quede claro que la protesta pacífica es un derecho ciudadano, damos a conocer un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), sobre manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión: “los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos.
En resumen tenemos un estado que viola constantemente los derechos humanos en nuestro país. Un Estado que asesina en nombre de la democracia, la libertad y la justicia social. Un Estado que no respeta la autodeterminación de los pueblos a llevar una vida digna y en paz. Un Estado que no protege el medio ambiente como reserva natural para las futuras generaciones.
Para salir de este oscuro panorama que nos han llevado los empresarios y sus empleados en los Gobiernos de turno, es necesario que el pueblo tome conciencia y participe en la vida política nacional, que permita que los dirigentes y ciudadanos honestos y patriotas, lleguen a cargos públicos para que desde allí cambien el andamiaje jurídico de este Estado que solo sirve a los intereses de los grandes capitalistas que junto a los Gobiernos autoritarios son responsables de los asesinatos de miles de peruanos, cuyas muertes han quedado en la impunidad.
Por: Pedro Morales
