La multa impuesta por el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) a Plus Petrol Norte por la desaparición de la laguna Shanshococha en el lote 1AB en Andoas, Loreto, ha servido para volver a colocar sobre el tapete la cuestionada actuación de esta empresa en la zona, en un momento en el que sigue pendiente el inicio del proceso de consulta previa a los pueblos indígenas ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes sobre la ampliación de la explotación petrolera en el mencionado lote.
Desde hace más de un año se viene dando un proceso de diálogo y negociación entre los representantes de los pueblos indígenas Achuar, Quechua, Cocama y Urarinas y el gobierno peruano, en el que los primeros plantearon una agenda previa al proceso de consulta. Precisamente, una de las demandas era que el gobierno haga una serie de estudios para verificar las denuncias e informes anteriores -del propio Estado- que señalaban la contaminación de la zona por la actividad petrolera.
Tal como era de suponerse, los informes elaborados por el OEFA y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmaron la contaminación. Sin embargo, Plus Petrol Norte no solo no aceptó su responsabilidad sino que señaló que la contaminación venía de larga data y que no era de su incumbencia, añadiendo otras razones tales como la erupción de un volcán en el Ecuador y acciones de sabotaje contra su presencia en la zona. Ahora, ante la multa de 20 millones de soles por contaminar y desaparecer la laguna Shanshococha ha señalado que apelará el fallo ya que para la empresa la laguna ya se encuentra en proceso de remediación ambiental, sin preocuparse por el impacto que su destrucción ha generado.
En Noticias SER consideramos que este caso pone en evidencia una vez más que hay empresas como Plus Petrol Norte para las cuales la razón solo está de su parte, así el Estado diga lo contrario, y que nunca reconocen sus responsabilidades, ni cumplen con respetar los derechos y la vida de los pueblos indígenas, ni el frágil ecosistema en el que operan. En ese sentido, nos parece que el gobierno nacional debería asumir una posición mucho más firme y exigir que se repare el daño causado y que la empresa cumpla con sus obligaciones. De lo contrario, será muy difícil que los pueblos indígenas afectados recuperen la confianza en el Estado.
