Todos los jóvenes del país tienen derecho a acceder a una educación universitaria de calidad, que permita su realización personal y profesional. El Estado, a través del Ministerio de Educación, es el ente rector de la educación superior, establecido por la Constitución, las leyes vigentes y ratificado por el Tribunal Constitucional.
Actualmente, la situación de la educación superior en el país se encuentra en debate respecto a la construcción de una política nacional que debe contener cuatro pilares:1) Sistemas de información, que permitan tomar decisiones acertadas en base a indicadores de empleabilidad laboral por carrera. 2) Fomento de la calidad, a través de la innovación pedagógica e investigación con fondos concursales y subsidios articulados a los programas del gobierno. 3) Acreditación internacional de prestigio incentivada por el Estado. 4) Licenciamiento, obligatorio que autorice el funcionamiento de universidades públicas y privadas solo en la medida que se cumplan condiciones básicas para un servicio de calidad.
En tal sentido, el Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, un organismo supervisor, con independencia administrativa, presupuestal y técnica, que establezca los estándares básicos de calidad y defina si una universidad tiene los estándares de calidad necesarios para tener el “licenciamiento” para poder operar. Asimismo, que fiscalice si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal son destinados a fines educativos.
