Un millón y medio de personas tiene algún tipo de discapacidad en el Perú, a diario estas personas tienen que enfrentar barreras arquitectónicas, de comunicación, de información, entre otros, que no les permite tener oportunidades. En el año 2007 se inició el “Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”, han pasado nueve años y surge la interrogante sobre cuánto hemos avanzado en el tema de accesibilidad para este sector poblacional.
Escriben Iara Urbina y Magali Zevallos/ Gran Angular
El último Informe Mundial sobre Discapacidad realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), arroja que más de mil millones de personas en el mundo (el 15% del total) tienen alguna discapacidad. En Perú viven un millón y medio de ellos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); esta población a diario encuentran diversos obstáculos, como barreras arquitectónicas al desplazarse, lo que les impide acceder a sus centros de estudio y en consecuencia, no tienen oportunidades laborales, lo que les condena a vivir en la pobreza.
Según la Defensoría del Pueblo, el 60% de personas con discapacidad en el Perú no pueden movilizarse porque no hay condiciones de accesibilidad. A pesar que la Ley General de la Persona con Discapacidad (N° 29973) establece que dichas personas tienen derecho a un adecuado entorno físico, medios de transporte, servicios, información y comunicaciones de la manera más segura y autónoma posible.
Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad SODIS -asociación fundada por el recordado congresista Javier Diez Canseco, quien fuera el principal defensor de los derechos de las personas con discapacidad e inagotable impulsor de diversas iniciativas legislativas a favor de este sector- hace un balance sobre esta problemática, “de acuerdo con la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Poder Ejecutivo debió aprobar hace más de dos años un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para las personas con discapacidad. “A la fecha, sin embargo, no se ha creado ni siquiera la comisión intersectorial correspondiente”.
“Si usas mi espacio, también deberías usar mi silla de ruedas” es la primera frase que se le viene a la mente al arquitecto Jaime Huerta cuando se percata de que una persona ha ocupado el estacionamiento reservado para personas con discapacidad. Huerta, tras sufrir un accidente vehicular perdió la movilidad en sus extremidades inferiores, ello no le limitó a manejar, su automóvil está adaptado para su discapacidad. “El problema es la concientización, cada vez que voy a uno de estos centros comerciales, todos los estacionamientos para personas con discapacidad están ocupados por personas que no tienen ningún tipo de discapacidad o que, porque son de la tercera edad, se creen con derecho de ocupar esos sitios”.
Bárbara Ventura tiene discapacidad física severa, ella desde la Asociación Luchando Contra Viento y Marea viene bregando para que las personas con discapacidad sean incluidos en la sociedad, y hace hincapié que una ciudad inaccesible no es lo único que tienen que enfrentar, sino que hay un tema de fondo, que es el de sensibilizar a las personas, “en nuestro país y en todo el mundo se tiene que ir promoviendo una cultura de discapacidad, porque por más amigable que sea una ciudad hay un tema cultural”, dice.
Barreras que la Ley no frena
De acuerdo a cifras de Asociación de Intérpretes y Guías del Perú (Asisep), en el Perú 750 mil peruanos tienen discapacidad auditiva, lo alarmante es que más del 90% de este sector poblacional no es orientado por un intérprete o un guía de lengua de señas, y el acceso a la información es casi nulo. Susana Stiglich, presidenta de la Fundación Personas Sordas del Perú, afirma que el Estado cumple parcialmente con la accesibilidad en su canal, solamente cuenta con un intérprete de lengua de señas en el noticiero y el programa Sin Barreras que se emite los domingos en las mañanas; y en algunas eventualidades, como en los debates de candidatos y mensaje presidencial. Es decir, el Estado no hace cumplir la Ley de Radio y Televisión del Perú, Nº 28278, que establece que los programas informativos, educativos y culturales de producción nacional deben incorporar medios visuales donde utilicen lengua de señas o textos, lamentablemente los medios de comunicación convencionales no ponen subtítulos en sus informaciones, ni tienen intérpretes de señas.
“El cumplimiento es insuficiente porque no hay uniformidad entre los canales y programas del recuadro para el intérprete de lengua de señas, tampoco hay subtítulos para las personas sordas que no usan lengua de señas; hay muchísimo por mejorar en este aspecto” señala Stiglich.
Otra ley que es un saludo a la bandera es la Ley de Promoción de Acceso a Internet para Personas con Discapacidad y de Adecuación del Espacio Físico en Cabinas Públicas de Internet. Perú está entre los últimos países que cuentan con acceso a internet en sus casas, según una sistematización de Proexpansión elaborado con cifras del Banco Mundial. Así el 43% de familias de zonas urbanas accede a internet por medio de cabinas, estos negocios son implementados en espacios reducidos, y no hay ninguna entidad del Estado que reporte el cumplimiento de la ley que señala que las cabinas de internet deben ser accesibles a personas con discapacidad física y las computadoras deben tener un programa lector de pantalla, y los portales web deben estar adaptados para las personas con discapacidad visual y auditiva.
¿El Boom inmobiliario incluye a las personas con discapacidad?
Desde el año 2011 al 2015, se han construído 44, 422 viviendas financiadas con el crédito Mivivienda y 116,139 con el bono Techo Propio, según el Fondo Mivivienda, ¿estas casas tienen la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad?
El arquitecto Huerta sostiene que por abaratar costos y dinamizar la venta de viviendas, se han dejado de lado las normas de accesibilidad; programas como “Techo Propio” o “MiVivienda” crearon urbanizaciones donde las veredas medían tan solo 60 cm de ancho -las sillas de ruedas miden de 61 a 70 cm de ancho a más- y no hubo un porcentaje de viviendas diseñadas para personas con discapacidad ni para los adultos mayores que usan sillas de ruedas.
Hay un organismo que se encarga de normar, promover y supervisar que las edificaciones tengan acceso a las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores, aunque nadie sabe de su existencia, el Ministerio de Vivienda creó el año pasado la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico, dicha entidad aún no inicia sus labores por falta de presupuesto.
“Una vez que se nos asigne el presupuesto, iniciaremos la reforma. Estamos trabajando con el Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) tenemos que hacer una revisión general de la propuesta para convertirla en una política clara y que, por ejemplo, las puertas ya no sean de 70 cm, además de una serie de aspectos que la norma no ha contemplado”, señala Luis Tagle, presidente de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico.
“Necesitamos que las puertas sean anchas, que los pasadizos sean lo suficientemente amplios para que pase una persona en silla de ruedas, que los servicios higiénicos me permitan maniobrar dentro con una silla de ruedas, que si tiene una bañera o una tina, tenga una ducha teléfono. Si hay ascensores, las botoneras deben estar a una altura adecuada” sostiene Huerta.
Agrega que “si bien se ha mejorado en acceso a la infraestructura, en el campo de vivienda todo se ha quedado paralizado”. Y alerta que la norma no recoge nada en cuanto a seguridad en las edificaciones.
Infraestructura pública y privada
Los distritos limeños que han avanzado considerablemente en esta materia son San Isidro, Miraflores, Surco y San Borja. Según Jaime Huerta, no es necesario que toda la infraestructura de la ciudad sea accesible, además considera eso como algo imposible, pero dice que sí es importante que espacios públicos como las principales pistas y calles, los municipios, hospitales y principales centros de entretenimiento tengan una infraestructura accesible.
“La gente debe entender que lo que es bueno para las personas con discapacidad también es bueno para ellos; por ejemplo, las rampas son usadas por chicos que practican skate, también por quienes andan en bicicletas, además de los niños que usan mochilas con rueditas y las mujeres que llevan a sus bebés en coches, entonces de repente llega una persona en silla de ruedas que también las usa” dice el arquitecto.
La Municipalidad de Miraflores tiene un programa llamado “Miraflores inclusiva y accesible” el cual busca que las empresas privadas brinden condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad, 20 restaurantes ubicados en la zona ya cuentan con cartas de menú en sistema Braille.
Si nos referimos a las ciudades del interior del país, la situación cambia. Por ejemplo, en Tacna, los postes están en medio de las veredas, lo cual dificulta el tránsito de una persona en silla de ruedas. El desarrollo urbanístico no contempla las necesidades de las persona con discapacidad, las rampas son empinadas y no tienen las medidas de una silla de ruedas, no se instalan placas con sistema braille en los postes y locales públicos, tampoco se usan los semáforos sonoros para las personas ciegas.
“Acá hay una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno”, indica Vásquez. “El Sistema Nacional de Inversión Pública debería servir como filtro para que no se construyan obras inaccesibles que son un desperdicio de recursos públicos, los gobiernos regionales deben aprender a gastar bien, y las municipalidades deben asegurar que se cumplan las normas de accesibilidad en sus jurisdicciones”.
Lima, una carrera de obstáculos
¿Qué sucede cuando el sistema de transporte no nos permite movilizarnos dentro de nuestra ciudad? Lima no es una ciudad inclusiva en este aspecto, los buses no están adaptados para recoger a personas que usan sillas de ruedas, y las personas que tienen posibilidades económicas de utilizar taxis sufren de la indiferencia de los conductores que muchas veces no quieren parar porque ven a una persona en silla de ruedas, así de indiferente y hostil es la sociedad.
Si bien se han realizado avances considerables, gracias a la implementación del metropolitano y el tren eléctrico, estos no cubren todas las rutas y deben mejorar y perfeccionar sus servicios. “Falta mejorar la atención porque en horas punta es imposible entrar, además lo que no está solucionado son los alimentadores, hay algunos que tienen plataforma, pero el chofer nunca para si ve a una persona con discapacidad, y si lo hace dice ‘está malograda la plataforma’, son buses nuevos, ¿cómo se van a malograr tan rápido?”, señala Huerta y añade que el metropolitano debe ser perfeccionado porque el cinturón de seguridad de la zona reservada no sostiene una silla de ruedas, la cual se resbala cada vez que el bus avanza.
Bárbara Ventura agrega que “hay cierto avance en cuanto a lo que es el metropolitano porque se realizó un proyecto en la gestión de la alcadesa Susana Villarán, justamente para que las personas con discapacidad llegaran a la estación, es un proyecto en el cual se consultó a la misma sociedad civil con discapacidad, y esperamos que el actual alcalde pueda implementarlo”.
Agregó que deben haber más campañas de concientización y que las mismas instituciones deben realizarlas: “Yo hasta ahora no veo que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones impulse una campaña especialmente para el derecho al transporte accesible para las personas con discapacidad”.
Vásquez señala que el metropolitano costó 133 millones de dólares y, pese a ello, tiene muchos problemas de accesibilidad. “Los problemas del primer proyecto obligaron a una inversión adicional de 2.5 millones de dólares para evaluar esas deficiencias y desarrollar un piloto en solo una de las 38 estaciones”.
Rastros de desigualdad
Según la Defensoría del Pueblo, el 78% de las personas con discapacidad en edad escolar están fuera del sistema educativo debido a la falta de políticas inclusivas. El 40,5% de dicha población solo tiene educación primaria y el 23,6% no tiene educación, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad.
Del total de centros educativos de Educación Básica Regular (10,668) que existen en Perú, solo el 23% cuenta con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, programa que contribuye a que los niños con discapacidad incorporados en colegios regulares lleven un aprendizaje adecuado a sus necesidades.
Debido a esas circunstancias es que, muchas de las personas con discapacidad, se ven limitadas a desarrollarse profesionalmente (76% se encuentran inactivos), además las vías de acceso que necesitan para ir a los centros de estudios son muy limitadas. En especial en las zonas rurales donde solo se ubica el 1,6% de los 381 Centros de Educación Básica Especial.
“Para que una persona con discapacidad pueda estudiar y trabajar se necesitan reformas; es decir, que te brinden una educación inclusiva, que hayan profesores capacitados, que haya un transporte accesible. Los colegios deben contar con infraestructura adecuada, vemos muchos casos en los que hay discriminación, le dicen al niño que tiene que ir con una persona para que le ayude, o sea encima la familia tiene que pagar a alguien más”, dice Ventura.
Vásquez lamenta que la reforma educativa no esté beneficiando a los niños y niñas con discapacidad. “El Bono Escuela, por ejemplo, que busca reconocer el esfuerzo de profesores y directores por lograr mejores resultados educativos, no valora la educación inclusiva. Las evaluaciones de logros de aprendizajes y los programas de infraestructura tampoco la toman en cuenta”.
