El congresista Renzo Reggiardo denunció que los Ministerios de Justicia e Interior y ProInversión están impidiendo que se instalen bloqueadores de celulares en 23 penales.
ProInversión había informado a la Comisión de Seguridad Ciudadana que la empresa Prisontec solo había puesto dos de estos equipos, incumpliendo un contrato con el Estado. En la lista oficial no estaban los establecimientos de Sarita Colonia (Callao) y Piedras Gordas (Ancón).
“Fui ayer (lunes), recorrí celdas y ambientes de ambos lugares, y comprobé que están instalados y sí funcionan, porque ninguno de los cuatro operadores de telefonía móvil tienen señal en el interior. ¿Por qué los funcionarios de ProInversión nos dieron información falsa?”, cuestionó Reggiardo.
Augusto Fernández, gerente de Prisontec, reveló que el Ministerio de Justicia no contrató una supervisora independiente, sino a Gisela Lévano, una economista sin experiencia en estas funciones, quien había participado del estudio técnico al respecto en ProInversión.
“Nos han dicho que no podemos instalar más porque el Ministerio no ha cumplido con los estudios técnicos especializados. El viernes terminamos de poner los equipos en Lurigancho, y decenas de personas se van a quedar sin trabajo”, advirtió. Precisamente en ese penal, los reos tendrían acceso a celulares y existiría una mafia de recarga de teléfonos, según una denuncia de América Noticias.
EL DATO
PIDE EXPLICACIONES
“Tengo información de que el Ministerio del Interior, en la época de Wilfredo Pedraza, compró bloqueadores para los penales de Chiclayo y Trujillo por 10 millones de dólares, cuando la empresa privada solo cobra poco más de la mitad por 33 establecimientos. Van a tener que explicar todo esto”, acotó Reggiardo.
Por: César Rojas
